Planta de envasado de leche en España. EFE/Archivo. NACHO GALLEGO

La industria láctea desembolsará cerca de 20 millones de euros para adaptarse al real decreto sobre el etiquetado obligatorio del origen de la leche, para lo que disponen de un lapso de cuatro meses.

Así se desprende de la información por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), en la que se detalla que estos costes se derivan de la sustitución de etiquetas, troqueles y envases.

El director general de Fenil, Luis Calabozo, ha recordado que una de las peticiones de la Federación era tener el tiempo suficiente para poder adaptarse y que considera esos cuatro meses como razonables.

Más que como un gasto, analiza esos 20 millones como una inversión, porque está convencido de que el etiquetado beneficia “a todos” y es una apuesta por la información de cara al consumidor. Calabozo ha valorado el texto final del real decreto por tratar de “identificar con exactitud” el origen de la leche utilizada.