Se trata de una de las principales líneas de trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias para aportar estabilidad a aquellas instalaciones ganaderas construidas antes de 1999 que por diferentes razones y cambios normativos no tienen posibilidad de obtener su legalización por los cauces habituales.

La tramitación de estas legalizaciones es administrativamente muy complicada, pues intervienen varios departamentos autonómicos, por lo que el pasado 2 de junio se aprobó la encomienda plurianual con la empresa pública Gesplan para dar más agilidad y centralizar el procedimiento de legalización.

Todas las que han sido aprobadas hoy cumplen varias premisas para aspirar a esta legalización como el no haber realizado ampliaciones posteriores a la citada fecha (o sólo con el objeto de una mejora zootécnica o adaptación a la normativa sectorial), no superar la superficie ocupada destinada a la explotación animal hasta un máximo de un 70%, ser inferior en tamaño al mínimo para ser exigida declaración de impacto ambiental y estar dentro de los los supuestos de categorización de suelo previstos.